Armando Hernández era coordinador de una sucursal financiera, habría desviado fondos de las clientas
Armando Hernández Castillo, de 34 años, era el coordinador de una sucursal financiera de una empresa dedicada a otorgar créditos a mujeres emprendedoras.
Sin embargo, su labor no ha sido la más honesta, pues se le acusa de administración fraudulenta, un delito que se castiga con hasta 10 años de prisión.
Según la denuncia presentada el 14 de septiembre de 2023 ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Armando Hernández habría desviado fondos de las clientas con la complicidad de Martha Patricia Orozco, líder de sucursal, y Jesús Clemente Bonilla, asesor financiero.
Estas prácticas las venía realizando desde el 2019, afectando a decenas de mujeres que confiaron en la empresa.
Las afectadas denunciaron que les pedía sacar créditos a su nombre pero el dinero era para este grupo delictivo
La denuncia se originó por las anomalías detectadas por el líder de asesores Arturo González Martínez, quien al realizar gestiones de cobranza se encontró con respuestas sorprendentes por parte de las clientas.
Algunas le dijeron que desconocían las deudas porque le daban los pagos en efectivo a Armando Hernández y/o Martha Patricia y/o Jesús Clemente Bonilla.
Otras le revelaron que Armando Hernández les pedía que sacaran créditos a su nombre pero el dinero era para ellos y que no se preocuparan por los pagos.
Además, cuando se atrasaban en sus pagos, Armando Hernández y/o Jesús Clemente y/o Patricia Orozco les cobraban moratorios que no se registraban en contabilidad.
Tras una investigación puntual con la que se confirmaron los hechos que las clientas reportaron, se pudo detectar que Armando Hernández y sus cómplices se quedaban con el dinero de los créditos y no lo reportaban a la empresa.
Así, generaban una cartera vencida que perjudicaba a las clientas.
El delito de administración fraudulenta se tipifica en el artículo 218 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, que establece que “al que teniendo bajo su dirección o administración bienes o negocios ajenos o propios y ajenos, cause perjuicio al dueño o al socio o al tercero interesado, mediante disposición ilegal o indebida aplicación o inversión o retención u omisión dolosa en rendir cuentas o entregar los bienes o negocios respectivos, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa hasta por el importe del perjuicio causado”.
El caso está en proceso de mediación entre las partes involucradas, quedando agendada la primera cita para el día 21 de septiembre de 2023.
Se espera que se llegue a un acuerdo satisfactorio para las víctimas y que se repare el daño causado por Armando Hernández y sus cómplices.